Santo Domingo. Tras una revisión del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), se constató que la Ley 34-23, que protege a las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), no figura como partida presupuestaria específica, ni como programa institucional o gasto condicionado por ley, pese a ser una legislación vigente que garantiza derechos en salud, educación e inclusión social.
La activista social y defensora de los derechos neurodivergentes, Maxi Feliz, denunció la falta de asignación de fondos suficientes y claros en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026 para la implementación de la ley, situación que mantiene en vulnerabilidad a miles de familias dominicanas de la comunidad azul.
La Ley 34-23, en su artículo 53, establece la obligación del Estado de garantizar los recursos necesarios para su ejecución. La ausencia de una asignación específica en el presupuesto 2026 constituye un incumplimiento legal que afecta derechos fundamentales protegidos por la Constitución Dominicana y tratados internacionales ratificados por el país.
Maxi Feliz recordó que, pese a que el presidente Luis Abinader ha reconocido la falta de fondos para la ley, los derechos de los niños con autismo no pueden depender de promesas futuras ni de presupuestos que los omiten. La activista hizo un llamado a las autoridades para incluir una partida presupuestaria específica, definir responsables claros, garantizar transparencia y reconocer al autismo como una causa país que requiere voluntad política real.
“La comunidad azul no exige privilegios. Exige cumplimiento de la ley. Porque sin presupuesto no hay derechos, y la espera prolongada también vulnera”, enfatizó.