SANTO DOMINGO. El avance de los sistemas de dinero digital y las propuestas impulsadas dentro de la llamada Agenda 2030 continúan generando preocupación y debate en distintos sectores que advierten sobre posibles riesgos de vigilancia financiera, pérdida de privacidad y aumento del control tecnológico sobre la población.
Críticos de estas iniciativas sostienen que la transición hacia economías completamente digitalizadas podría reducir progresivamente el uso del dinero en efectivo, dejando a los ciudadanos dependientes de plataformas electrónicas controladas por bancos, gobiernos y grandes corporaciones tecnológicas.
Entre las principales preocupaciones se encuentra el desarrollo de monedas digitales programables, sistemas que podrían permitir el monitoreo total de transacciones, restricciones automáticas sobre el uso del dinero, límites de consumo y congelamiento de fondos mediante infraestructuras centralizadas.
Sectores defensores de libertades civiles advierten que la integración de identidad digital, inteligencia artificial, reconocimiento biométrico y vigilancia electrónica podría ampliar significativamente la capacidad de supervisión sobre las actividades económicas y personales de millones de ciudadanos.
Asimismo, señalan que la eliminación gradual del efectivo representaría un riesgo para la privacidad financiera y la autonomía individual, debido a que todas las operaciones quedarían registradas y sujetas a monitoreo permanente.
Aunque organismos internacionales aseguran que las iniciativas de digitalización buscan modernizar la economía, facilitar pagos y mejorar la inclusión financiera, diversos sectores mantienen preocupación sobre el alcance que podrían tener estas tecnologías en materia de control social y libertad económica.
El debate continúa creciendo en distintos países, mientras ciudadanos y organizaciones reclaman mayor transparencia, protección de datos y garantías para preservar derechos fundamentales ante el avance de los sistemas financieros digitales.